por
tribilin2005
@ 2006-03-01 - 10:34:42 am
La nueva normativa busca facilitar al máximo que las parejas con problemas de fertilidad puedan tener hijos, así como aplicar estas técnicas a la prevención y tratamiento de enfermedades, incrementar la seguridad de estos procesos y ofrecer una mayor información a los usuarios.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado16 de febrero el proyecto de Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, que contó con el apoyo parcial del PP en algunos capítulos y que pasa ahora a tramitarse al Senado dejando tras de sí una fuerte polémica.
En concreto, todos los grupos parlamentarios de izquierdas mostraron su apoyo a esta iniciativa, mientras que CiU votó en contra de determinados artículos en materias que consideran "sensibles", como los referidos a la utilización de preembriones y gametos con fines de investigación, ya que, a su juicio, se "debe acotar más" el uso de los mismos y agotar las vías alternativas y diferenciar más específicamente entre "preembrión y embrión". Además, este grupo pide mayores competencias en el registro nacional de donantes.
Por su parte, el PP votó a favor de una parte del dictamen del proyecto, rechazando algunos artículos, como los referidos a las infracciones, al registro nacional de la actividad y resultado de los centros y servicios de reproducción asistida, así como a la intervención con fines terapéuticos sobre el embrión, entre otros.
Además de regular las técnicas de reproducción asistida para facilitar al máximo que personas con problemas de fertilidad puedan tener descendencia, el texto recoge otros puntos relacionados con la prevención y tratamiento de enfermedades, el incremento de la seguridad de los procesos y una mejor información a los usuarios de estas técnicas.
Sin límite de ovocitos y sin discriminación
La ley de 2003, redactada por el Gobierno popular, limitaba a tres los ovocitos fecundables por cada ciclo. La nueva normativa suprime esta limitación y lo deja a criterio médico para incrementar así la posibilidad de éxito del embarazo y evitar la repetición de ciclos, que suponen un alto coste para la salud de la mujer. Por el contrario, el número máximo de embriones que se pueden implantar en cada paciente sigue siendo tres, para evitar embarazos múltiples.
En cuanto a los embriones sobrantes, serán las parejas las que decidan si los quieren congelar para reservarlos para su uso en un futuro, para donarlos a otras parejas o para autorizar que se utilicen en investigación. La ley del Gobierno popular resolvía que los embriones sobrantes anteriores a la ley podrían utilizarse con estos fines, pero no los posteriores.
Asimismo, entre las principales novedades tras su debate en el Congreso, el texto incorporó un apartado que especifica que las mujeres tendrán derecho a ser usuarias o receptoras de las técnicas de reproducción humana asistida reguladas en el proyecto de Ley sin que puedan hacerse distinciones por motivo de su opción sexual o estado civil, reforzando así el derecho a la maternidad de todas las mujeres.
Además, el texto incluyó, a petición de todos los grupos parlamentarios, una disposición nueva que garantiza la no discriminación de las personas con discapacidad en la utilización de las técnicas de reproducción.
Sí a las técnicas experimentales, no a la clonación
Además de los métodos reconocidos como técnicas de reproducción asistida (fecundación in vitro, inseminación artificial, inyección intracitoplasmática, con gametos propios o de donante y con transferencia de embriones, y la transferencia intratubárica de gametos), el nuevo texto introduce la novedad de que se puedan aplicar provisionalmente "técnicas experimentales”.
No obstante, Sanidad señala que éstas deberán realizarse previa autorización y tuteladamente, además de actualizar vía decreto dichas técnicas a los avances científicos y técnicos acreditados científica y clínicamente.
En lo que respecta a la clonación de seres humanos con fines reproductivos, ésta es prohibida expresamente en la nueva normativa con una con una formulación idéntica a la que aparece en la Constitución Europea. En cuanto a la aplicación de la clonación con fines terapéuticos, al no tratarse de una técnica de reproducción humana asistida "sino de investigación, será regulada en principio en la Ley de Investigación en Biomedicina".
Asimismo, el proyecto mantiene la ilegalidad de la práctica conocida como 'madres de alquiler', por lo que seguirán siendo nulos de pleno derecho los contratos para que una mujer renuncie a la filiación materna de su hijo a favor del contratante o de un tercero.
Diagnóstico genético preimplantacional
Tras la entrada en vigor de esta ley, y gracias al diagnóstico genético preimplantacional con fines terapéuticos para terceros, será posible llevar a cabo estas técnicas preimplantacionales, definiendo la compatibilidad de tejidos para poder, en el futuro, ayudar a un hermano.
De este modo, no será preciso que las familias tengan que acudir a otros países para permitir que se desarrollen este tipo de técnicas que permitan curar a un hermano, aunque será necesaria la autorización de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que analizará caso por caso.
"Es uno de los avances prácticos de la ley, en el caso de enfermedades de origen incurable, la posibilidad de seleccionar entre los óvulos fecundados en procesos de reproducción asistida aquel embrión que no tenga el gen de esa enfermedad, y dé origen a un niño sano sin esa enfermedad", señalaba recientemente Salgado.
Sin embargo, y por otro lado, la propuesta para que la ley incorporase la posibilidad de seleccionar activamente el sexo del embrión sí que fue rechazada por los diputados.
Registro de la actividad
Otro aspecto novedoso en la normativa, que pasa ahora a su tramitación en el Senado, es la creación de un Registro de Actividad de los centros de reproducción asistida, con informaciones sobre tipología de técnicas y procedimientos, tasas de éxito, número de preembriones que conservan y otras cuestiones sobre la calidad de cada centro que deberán hacerse públicos al menos una vez al año, requisito indispensable para autorizarlos o mantener la acreditación.
Así, se contemplan sanciones si revelan la identidad de los donantes, en casos de mala práctica con técnicas de reproducción asistida y materiales biológicos, si lesionan los intereses de donantes o usuarios, o si transmiten a los descendientes enfermedades congénitas o hereditarias evitables.
Por último, la ley fija un régimen sancionador, con multas cuya gravedad variará según los riesgos para la salud de la madre o los preembriones a generar, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración sanitaria o social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.
En concreto, contempla infracciones leves, graves o muy graves, con las correspondientes sanciones (hasta 1.000 euros, desde 1.001 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves desde 10.001 hasta 1.000.000 euros).
La polémica está servida
El amplio debate social suscitado por esta ley se ha materializado en numerosas declaraciones realizadas tanto por sus partidarios como sus detractores. Dentro del primer grupo se encuentran aquellos que podrán beneficiarse de la nueva normativa, como pacientes infértiles o padres de bebés enfermos que podrán salvar sus vidas gracias al nacimiento de un nuevo hijo sano.
Por otro lado, a la cabeza de los detractores se sitúa la Iglesia, que primero pidió a los diputados católicos que no apoyaran esta ley, ya que consideran que "abre la puerta a la futura producción de niños clónicos, es decir, a la llamada 'clonación reproductiva'", y después también ha denunciado que la normativa favorecerá la producción de los llamados 'bebés-medicamento'.
Además, los obispos critican que la ley "permite producir embriones humanos no ya para la reproducción, sino como mero material de investigación" y "posibilita la comercialización, tráfico y uso industrial de los embriones humanos llamados 'sobrantes' de las prácticas de reproducción".
A su juicio, estas técnicas de reproducción asistida "suplantan la relación personal de los padres en la procreación", "no son conformes con la dignidad de la persona" y "arrastran consigo serios males para las personas, incluidos graves atentados contra las vidas humanas incipientes, es decir, contra los hijos".
