El gobierno de Estados Unidos responsabilizó a las autoridades de la capital venezolana del ataque contra el auto de su embajador, ocurrido este viernes en Caracas.

Un grupo de personas que manifestó identificarse con el presidente venezolano, Hugo Chávez, lanzó huevos, cebollas y tomates contra la comitiva del embajador William Brownfield, mientras visitaba un barrio pobre de Caracas con la finalidad de donar implementos deportivos a un equipo juvenil.

Poco después, el diplomático se vio obligado a abandonar el barrio pero fue perseguido por un grupo de personas en motocicletas por unos 20 minutos.

El corresponsal de la BBC en la capital venezolana, Greg Morsbach, indicó que el diplomático estadounidense está acostumbrado a recibir agresiones verbales de personas que apoyan al presidente Chávez, pero esta fue la primera ocasión en que le lanzan objetos.

El subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Políticos, Nicholas Burns, dijo al embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, que consideraba a las autoridades locales responsables del incidente.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Sean McCormack, afirmó que el incidente fue "claramente aprobado por el gobierno local".

Agregó que Burns advirtió al embajador Álvarez que habrá "consecuencias diplomáticas severas entre nuestros países" en caso de que ocurra otro incidente similar.

Obra de la comunidad

Sin embargo, el gobierno de la alcaldía metropolitana de Caracas negó su participación en el ataque contra el auto del embajador estadounidense.

Un portavoz de la alcaldía dijo que la municipalidad "no intervino, fue la comunidad" que demandó la salida de Brownfield.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se han empeorado durante los últimos meses.

El presidente venezolano Hugo Chávez ha afirmado que Estados Unidos planea una invasión al país latinoamericano.

Estados Unidos ha calificado las afirmaciones de una posible invasión como ridículas.

La secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, dijo a principios de año que la influencia de Chávez en la región necesita ser contenida.

El ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, no descartó que el reconocimiento de los hermanos Faddoul a sus captores, haya generado el asesinato de los mismos.

Chacón reiteró que existen cinco personas detenidas en este caso, pertenecientes al grupo que cuidaba a los hermanos y al chofer.

Indicó que los acusados fueron presentados ante el Circuito Judicial del estado Miranda, aunque señaló que es necesario detener a todas los ciudadanos incursos en estos hechos para “armar el rompecabezas”.

Por otra parte, el titular del despacho de Interior y Justicia dijo - a su salida de la instalación de la mesa contra el crimen y la violencia - que ya han sido diseñadas medidas de control para los cuerpos policiales del país, relacionadas con los motivos por los cuales serán aprobadas la instalación de alcabalas móviles y la identificación de los funcionarios que las instalen.

En cuanto al caso Sindoni adelantó que probablemente ya exista una sexta persona detenida.

En horas de la mañana

El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Jesse Chacón, informó que tres personas fueron puestas a la orden de la Fiscalía General de la República con relación al caso de los hermanos Faddoul y Miguel Rivas y el arma con la cual fueron asesinadas ya se encuentra en poder de las autoridades.

Chacón dijo que las personas detenidas pertenecían al grupo que mantuvo cautivos a los Faddoul y a Miguel Rivas y es encontraban acompañadas de otras dos que manejaban el cautiverio.

La escopeta que fue utilizada para darle muerte a los hermanos Faddoul y su chofer ya ha sido analizada por el CICPC.

El ministro indicó que espera que en las próximas horas la investigación permita llegar a todos los responsables y la reconstrucción de los hechos.

Por otra parte, señaló que el caso Sindoni se encuentra adelantado y en horas aguarda por la detención de todos los involucrados.

Chacón pidió celeridad al Poder Judicial para que se dé a entender al país que no hay impunidad.

Reclamó el ministro que a casi un año de la masacre de Kennedy, sólo hay detenidos y no se ha iniciado el proceso.

También informó Chacón que los organismos de seguridad rastrean a los secuestradores de Marilia Rodríguez y sus hijas en una zona montañosa de Monagas.

Caracas.- Isaías Rodríguez, fiscal General de la República, indicó que ninguna de las cinco personas detenidas en el caso de asesinato de los hermanos Faddoul y el señor Miguel Rivas son policías.

La Fiscalía solicitó privación de libertad en la audiencia de presentación de los detenidos Edgar Martínez Velásquez, Julia Tovar Chante, Franklin Martínez, Lubis Machado Márquez y Richard Betancourt Febres, quienes fueron capturados en Ocumare del Tuy por estar supuestamente involucrados en el caso.

Dos de estas personas fueron detenidas en allanamientos anoche donde también se ubicaron dos escopetas calibre 12 con las que presuntamente se les pudo dar muerte a los hermanos Faddoul, debido a que los cartuchos que se consiguieron en la escena del crimen coinciden con las armas, explicó el fiscal.

Rodríguez informó que ninguna de las cinco personas señaladas está relacionada con algún cuerpo policial. Asimismo afirmó que tres de ellas presuntamente pertenecen a una banda de delincuentes de Ocumare del Tuy, tres son venezolanos y se desconoce la nacionalidad de los otros dos.

Las entrevistas que se están realizando en la audiencia y un conjunto de actuaciones de las autoridades van a dar con la pista de cuántos participaron en el crimen. Pudiera haber un funcionario público de mediana jerarquía, dijo el fiscal Rodríguez.

Algunos familiares de los Faddoul también fueron interrogados para ubicar pistas que pudieran facilitar las investigaciones.

Los hermanos Faddoul, John, Kevin y Jason, fueron asesinados junto a su chofer Miguel Ricas por plagiarios, tras 40 días de secuestro.

En referencia al caso de asesinato del reportero gráfico Jorge Aguirre, el fiscal General indicó que se identificó el modelo de la moto y tres nuevos testigos están en proceso de declaración. De estas pesquisas se sacó un retrato hablado y se tomaron las huellas de todo el vehículo.

Rodríguez aclaró que fueron civiles quienes entregaron los casquillos del arma que mató a Aguirre a los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).-VGM / RG

Editorial El Nacional

Ayer fueron incinerados los restos de los tres hermanos Faddoul, vilmente asesinados por un grupo de secuestradores que, según las fuentes oficiales, tienen cómplices dentro de los cuerpos de policías del régimen.

Eso no tendría nada de extraño por cuanto ya sabemos de qué clase de gente se rodea este gobierno, y de cómo estos sujetos, usados como bandas armadas, han venido condicionando las acciones de calle del oficialismo en los últimos años. Este maridaje entre los comandos políticos de la revolución y los violentos grupos urbanos, ha estimulado el gravísimo hecho de que entre la policía y los delincuentes no existan fronteras sino alianzas de negocios.

Al primero que no le conviene que esto siga sucediendo es al partido de gobierno, porque una alianza entre policías y ladrones terminará por no respetar a nadie, ni siquiera a las propias autoridades que les han dado carta blanca. Los caraqueños han visto con alarma cómo se han organizado estos grupos para-policiales, a los cuales se les ha dotado de decenas de motos de alta cilindrada (sin placas de identificación), de teléfonos celulares y de credenciales que les autorizan a portar armas de fuego.

Todo esto se hace bajo el pretexto de que actúen como escuadrones de vigilancia y de choque contra las manifestaciones de la oposición, y que apoyen las acciones represivas de las policías capitalinas, entre ellas la de Bernal. Sin embargo, esto es jugar con fuego porque, tal como ocurrió con el vil asesinato del periodista de la Cadena Capriles, Jorge Aguirre, estos sujetos no están preparados profesionalmente para actuar en situaciones en la cuales se debe garantizar, por encima de todo, la vida de los ciudadanos. Lo único que saben es apretar el gatillo y matar.

Pero además, estos asesinos cuentan también con una red de complicidades que va más allá del simple apoyo de un alcalde o un gobernador: desde la Fiscalía hasta los tribunales se extiende el clandestino manto protector del oficialismo. Meses atrás el jefe del Ministerio Público reveló que había despedido a fiscales en siete estados de la república por omisiones y desidia en casos de abusos de los derechos humanos (asesinatos, torturas y desapariciones), en los cuales estaban involucrados funcionarios de seguridad y miembros de grupos para-policiales.

Se trata, en la práctica, de una “política nacional” que el ministro Jesse Chacón no puede desconocer ni desmentir ante la opinión pública. Toda esta tragedia de violencia y de muerte está suficientemente documentada no sólo por la Fiscalía General, que adelanta 6.556 averiguaciones contra agentes policiales, sino también por el alcalde Barreto que ha despedido, hasta la fecha, a más de 3.000 miembros de la Policía Metropolitana. Eso sin mencionar a las ONG que, como Cofavic y Provea, han preparado informes contundentes al respecto.

Lo que se le reclama a este ministro y al Presidente, es que hayan permitido que la descomposición de los cuerpos de seguridad llegara a un punto en que, por desgracia, los policías son considerados los verdugos implacables de la gente honesta y pacífica de este país, que viven en los barrios y urbanizaciones bajo un permanente toque de queda por miedo a los “agentes del orden”.

Basta para comprobarlo el hecho de que en los asesinatos de los hermanos Faddoul y del chofer Miguel Rivas, así como del empresario Filippo Sindoni, están implicados agentes y directivos policiales. Además, ya se sabe que el motorizado que mató a sangre fría al periodista Jorge Aguirre es, a todas luces, miembro de una banda para-policial del oficialismo.

Según la prensa oficial, el primer mandatario de la nación giró instrucciones al ministro Chacón para que le dé forma a una comisión que, entre otras cosa, lleve adelante la reorganización de los cuerpos policiales del país. A más de tardía, esta reacción de Miraflores luce extremadamente cínica, porque intenta cargar la culpa en los alcaldes y gobernadores, por su ineficiencia al manejar las cuestiones de seguridad en sus áreas locales y regionales.

Pero eso no se lo puede creer nadie: el presidente Chávez tiene bajo su mando absoluto no sólo el Ministerio del Interior y Justicia, sino la Disip, la DIM, el Cicpc, la Fiscalía, la Defensoría, el Tribunal Supremo, la Policía Metropolitana, Policaracas, Polimiranda, Polisucre y la Guardia Nacional, además de la Fuerza Armada y los batallones de la Reserva, sin contar con el G-2 cubano. Si con todo eso en sus manos no puede controlar el hampa... ¿entonces quién lo puede hacer? ¿Existe algún otro responsable?