La instancia citó para el próximo miércoles 17 de mayo a la funcionaria encargada del Tribunal 34 de control de Caracas, María Alejandra Ribas a raíz de la denuncia relacionada con la supuesta reunión de empresarios en la que se pretendía sobornarla. Ex concejal Carlos Herrera cree que Tobías Carrero debió ser acusado
CARACAS.- La fiscal 36 del Ministerio Público Nacional, Mercedes Prieto, citó en calidad de imputada, para el próximo miércoles 17 de mayo a la jueza 34 de control de Caracas, María Alejandra Ribas.
Tal acción obedece a una investigación que cursa por ante la referida instancia, sobre la denuncia pública hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, el pasado 17 de noviembre de 2005.
Dicha acusación está relacionada con la supuesta reunión de varios empresarios que pretendían sobornar a la jueza, para lograr favorecer a los imputados por la autoría intelectual de la muerte del fiscal Danilo Anderson.
Reunión
Como se recordará, el diputado Maduro denunció la realización de una reunión en casa del empresario Tobías Carrero el lunes 14 de noviembre, durante la cual le habrían ofrecido a la juez tres millones de dólares a fin de lograr la libertad condicional del empresario Nelson Mezerhane.
El 29 de noviembre del 2005, el presidente del Poder Legislativo se entrevistó con la representante fiscal y consignó evidencias que confirmarían el supuesto acto de corrupción.
Después de esta denuncia, Ribas se separó del expediente sobre la autoría intelectual del asesinato de Anderson, y el caso quedó en manos del Tribunal sexto de control de Caracas, a cargo de Florencio Silano.
El ex concejal metropolitano, Carlos Herrera - ex amigo del fiscal asesinado-, manifestó que la Fiscalía debió haber procedido a imputar al empresario Tobías Carrero “dueño de la vivienda donde se llevó a cabo la reunión en la que se intentó sobornar a la jueza. En el encuentro también habría participado un magistrado del Tribunal Supremo.
Por otro lado, el Ministerio Público señaló que se encuentra a la espera de los resultados de la solicitud de rogatoria efectuada ante la Fiscalía General de Colombia, con la finalidad de conocer las declaraciones de cinco ciudadanos neogranadinos quienes manejarían datos vinculados con el caso Anderson.
La intención de la Fiscalía venezolana es tomar declaraciones al ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rodolfo Enrique Benítez Quintana; al ex director de ese organismo, Jorge Aurelio Noguera Cotes; a Rodrigo Tovar Puppo, conocido como Jorge 40; a Rafael Enrique García, ex director de Informática del DAS, y a su cónyuge, Liliana del Castillo Ospino de García.
En un despacho de la Fiscalía se apunta que esta semana los fiscales 38 y 39, Sonia Buznego y Turcy Simancas, viajaron a Bogotá para solicitar respuesta sobre el trámite requerido.
Plan desestabilizador
Además de las diligencias relativas al caso Anderson, los fiscales Sonia Buznego y Turcy Simancas aprovecharon su reciente viaje a Bogotá para investigar las afirmaciones del ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad Colombiana (DAS), Rafael Enrique García sobre un supuesto plan de magnicidio y de desestabilización fraguado en suelo neogranadino.