La condena de la justicia imperial a la multinacional âChiquita Brands, aliasâUnited Fruti Companyâ por financiar organizaciones terroristas. Chiquita no sólo aportó dinero a raudales. También colaboró para que entraran en el paÃs más de 3.000 fusiles AK-47 y millones de municiones que fueron a parar a los grupos paramilitares. En la región de Urabá, la zona donde operaba la multinacional, se registraron entre 1997 y 2004, 62 masacres en las que murieron 432 personas, escribe Miguel Suárez.
Por: Miguel Suarez *
A raÃz del escandálalo sobre la condena de la justicia imperial a la multinacional âChiquita Brands, aliasâUnited Fruti Companyâ por financiar organizaciones terroristas, al margen de la ley, como dirÃan en Colombia, el debate sobre el paramilitarismo y su aplicación continua sobre la palestra.
Para la muestra un botón, se dice que Coca Cola Servicios de Colombia, es la compañÃa más eficientes del paÃs, gracias a la aplicación del terrorismo de estado en el que también están mezcladas otras empresas multinacionales como la Drumon, Nestle, British Petroleum, Repsol, Oxi Petroleum, etc, etc.
Las reiteradas denuncias y pruebas contra estas transnacionales, son prueba palpable que el paramilitarismo es la herramienta de la cual se valen los explotadores para preservar sus intereses económicos y polÃticos que en el caso de las multinacionales les garantiza cuantiosas ganancias a costa de asesinar sindicalistas, destruir sindicatos y desmejorar las condiciones saláriales de los trabajadores.
La condena a Chiquita por financiar a al paramilitarismo, es solo la punta del iceberg paramilitar que abarca a todos los estamentos de ese estado oligárquico.
El paramilitarismo no es una exclusividad de la oligarquÃa colombiana ni tampoco de Ãlvaro Uribe Vélez, pero si es muy claro que durante su periodo como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, uno de sus logros fue el impulso de este.
Uribe en su administración no solo promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, iniciativa destinada a legalizar paramilitarismo, sino que además implemento su "Estado Comunitario" (Estado mafioso), en la zona de Urabá, una zona con un gran nivel de organización popular, que fue destruido y que debido al âéxitoâ de este, la oligarquÃa colombiana, en el Congreso de Ganaderos, en 1996, aprobó extender esa iniciativa de Uribe Vélez a escala nacional y además promover su candidatura presidencial en el 2002 y lo reeligieron en el 2006.
Y es que chiquita es una muestra de cómo âEl terrorismo de estadoâ se ha aplicado por la oligarquÃa colombiana desde hace muchÃsimos años. El caso de la masacre de las bananeras ocurrido en la población colombiana de Ciénaga en 1928 cuando las fuerzas armadas de la oligarquÃa Colombiana abrieron fuego contra los trabajadores asesinando a mas de mil de ellos, con sus mujeres e hijos para defender los intereses de la United Fruit Company, es una muestra de la aplicación del terrorismo de estado que se han ocultado cuidadosamente al pueblo colombiano.
La condena a esta multinacional se da por hechos parecidos, masacres ocurridas en la misma zona del paÃs, donde financiando el paramilitarismo lograron desalojar a los campesinos de sus tierras, destruidas las otroras fuertes organizaciones sindicales, para asà forjar un imperio del terror que apoyadas desde Bogota por los gobiernos de turno que a su vez toman medidas que legalizan fortunas mal habida y dejan sin castigo a los responsables del terrorismo de estado.
Chiquita no sólo aportó dinero a raudales. También colaboró para que entraran en el paÃs más de 3.000 fusiles AK-47 y millones de municiones que fueron a parar a los grupos paramilitares. En la región de Urabá, la zona donde operaba la multinacional, se registraron entre 1997 y 2004, 62 masacres en las que murieron 432 personas, en su mayorÃa campesinos pobres, muchos de ellos trabajadores de las bananeras.
Además, más de 60.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas en medio de esta limpieza paramilitar impulsada entre otros por Ãlvaro Uribe y su estado mafioso..
Pero no es solo Chiquita, Coca Cola también tiene su historia.
En la zona de Urabá, la misma zona donde Uribe implemento su "Estado Comunitario" y la misma zona donde se dio el caso de Chiquita Brands, Cola Cola inició un experimento financiando paramilitares para destruir la organización sindical, desmejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y ante su âéxitoâ ha intentado implementarla en todo el paÃs a la sombra de la âSeguridad Democráticaâ de Ãlvaro Uribe Vélez.
En 1992 el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla. En 1995 el ejército de la oligarquÃa colombiana allano las instalaciones de la Cooperativa de los Trabajadores al Servicio de Coca-Cola y afiliados a SINALTRAINAL, lo que repitió un año después el Bloque de Búsqueda de la PolicÃa.
En 1996 los paramilitares llegaron a la Planta de Coca Cola en Carepa y disparan cuatro veces en la cabeza, seis en el pecho y en los testÃculos a Isidro Segundo Gil, Secretario General de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL Seccional Carepa.
Luego de asesinarlo, los paramilitares entraron por la fuerza a la sede sindical, la saquean y le prendieron fuego.
Luego convocan una reunión de trabajadores en el interior de la empresa donde amenazan con matarlos a todos si no renunciaban al sindicato esa misma tarde. Los 43 trabajadores recibieron las cartas de renuncia al sindicato mecanografiadas en las mismas oficinas de la empresa.
Ante la complicidad estatal con el paramilitarismo, el sindicato Sintrainal, recurrió a la justicia imperial, que en esa ocasión exonero a la empresa Coca Coca, que de inmediato recurrió a la injusticia colombiana acusando de terrorismo a los sindicalistas que se buscaban defender sus vidas.
El abogado de Coca-Cola para el caso fue Jaime Bernal Cuellar, quien fuera Procurador General de Colombia entre 1994 y 1999, cuando fueron denunciados los crÃmenes, y fue uno de los funcionarios estatales que no hicieron nada para detener los asesinatos.
Para el caso Coca cola, la polÃtica paramilitar se tradujo en la reducción de tres veces del número de trabajadores sindicalizados; mientras que en multinacionales como la Nestlé solamente el 3% de sus trabajadores llega a diez años de permanencia.
Sobre la Drummond, que es una empresa dedicada a saquear el carbón de Colombia, cuenta Francisco RamÃrez Cuellar en un articulo titulado âLo que cuesta asesinar sindicalistasâ como fue el proceso para asesinar a los creadores del sindicato en esta empresa.
Dice Cuellar que Valmore Locarno RodrÃguez, VÃctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora, asumieron la dirección de Sintramienergética seccional El Paso, para buscar mejores condiciones laborales, seguridad en el trabajo, comida en buenas condiciones, salarios dignos, seguridad social para ellos y sus familias; la respuesta de la empresa fue acusarlos de guerrilleros
Rafael GarcÃa, ex jefe de informática del DAS en declaraciones a la fiscalia, dijo que el estuvo presente cuando en un hotel de Valledupar, Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, se reunión con un enviado del mafioso Jorge 40, para entregarle dinero con el cual estos atemorizarÃan el sindicato.
El 12 de Marzo de 2001, semanas después de entregado el dinero por parte de Jiménez, una camioneta llena de militares-paramilitares cierra el bus en que iban los trabajadores, identifican a Valmore Locarno RodrÃguez y delante de sus compañeros lo asesinan con dos disparos en la cabeza, luego bajan a VÃctor Hugo Orcasita Amaya, se lo llevan en la camioneta y horas después aparece torturado y con varios impactos de bala en su cerebro; en Octubre de ese año ocurre lo mismo con Gustavo Soler Mora, quien habÃa asumido la dirección del sindicato después del asesinato de los dos compañeros.
Todos las personas que querÃan laborar en Drummond fueron sometidas a la aplicación de un detector de mentiras, se les investigó su vida, se les miraron reportes en los organismos de seguridad y se buscó que sus âpadrinosâ fueran personalidades de Valledupar, amigos de los Araujo u otro directivo de la compañÃa, para garantizar que sólo entraran personas de âconfianzaâ para la empresa minera.
Sintramienergética-Funtraenergetica y los familiares de los sindicalistas asesinados, ante la impunidad que padece el proceso en Colombia, habida cuenta del peso polÃtico que tiene Drummond, pues su representante es Fabio Echeverri Correa asesor presidencial de Uribe, optaron por demandar a la multinacional también ante la âjusticiaâ imperial.
Sobre las petroleras, la Unión Sindical Obrera, Uso, en un documento sobre el tema dice que "Detrás de la llegada de la British Petroleum Exploration al Casanare, llegaron los paramilitares"
Dice el documento que según la investigación realizada por Ignacio Gómez sobre el espÃa alemán Werner Mauss, la historia de la empresa Sistema de Defensa Limitada, DSL (Defense System Limitada) contratada por la BP para su seguridad en Colombia, está Ãntimamente ligada con el aparatoso sistema de defensa británico y que tiene injerencia directa en el conflicto social y armado que vive Colombia y que estos, la DSL, entrena grupos paramilitares.
En artÃculo publicado en 2002 en Los Angeles Times, se denunciaba que la OXY pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas y la Asociación Cravo Norte -propiedad de ECOPETROL y la OXY, que actúa en el yacimiento Caño Limón- en 1996 firmó un "acuerdo de colaboración" anual de casi dos millones de dólares para financiar económicamente las unidades
de la brigada XVIII que cubrÃan las zonas cercanas al yacimiento.
Según el documento de Uso, en el paÃs hacen presencia aproximadamente veinte multinacionales del petróleo y que aunque ellos han Denunciado a la Britis, nada indica que las restantes compañÃas en mayor o menor medida no acudan a los mismos procedimientos para garantizar sus inversiones y su seguridad.
Es de mencionar que la Repsol y la OXY invadieron el territorio indÃgena U`wa en busca de petróleo, sin el consentimiento de las comunidades y violentando sus territorios en clara trasgresión de la Constitución Colombiana, siendo protegidas sus bienes y maquinarias por fuerzas militares-paramilitares, que asesinaron a varios de los lÃderes indÃgenas.
Diversas agrupaciones sociales, de carácter religioso y partidos polÃticos suizos, integrados en la organización Multi Watch, convocaron a una audiencia pública los dÃas 29 y 30 de octubre de 2005, en Berna, para analizar las denuncias de trabajadores de Nestlé en Colombia en el sentido de que la empresa helvética ha incurrido en prácticas antisindicales que viene manejando desde hace mucho tiempo, en relación también con la muerte y desaparición de algunos trabajadores.
Según lo, visto en los últimos tiempos en Colombia, donde el presidente es un hombre con pasado de narcotraficante y de paramilitarismo, con ministro cuyas familias están al servicio del narcotráfico, donde los ex procuradores se convierten en abogados de la multinacionales que fomentan el paramilitarismo, multinacionales que son a su representadas por altos funcionarios estatales, con comandantes militares untados de narcotráfico y con parlamentarios que al tiempo que aprueban nuevas leyes ordenan nuevas masacres, no debe caber duda de hasta donde el paramilitarismo es un herramienta del terrorismo de estado aplicado por esta oligarquÃa para paralizar la protesta social, destruir organizaciones populares para ellos seguirse enriqueciendo, en detrimento del paÃs y del pueblo.
La lista de multinacionales apoyando el terrorismo de estado en Colombia, es bien grande y entre otras se destacan Chiquita, Coca Cola, Nestle, Drumon, Britis Petroleum, Oxi, Repsol, etc,
El paramilitarismo y Ãlvaro Uribe Velez, son sinónimo de muerte. Hay que recordar que entre 1995 y 1997, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia se desato la más feroz arremetida con la Unión Patriótica donde exterminaron este movimiento en Urabá e implantaron el âEstado Comunitarioâ, hoy conocido como âSeguridad Democráticaâ, proyecto de Pax romana que se pretende aplicar en todo el paÃs, donde la participación de las multinacionales financiando la guerra contra el pueblo son un eslabón fundamental.
Los datos reflejan un panorama desolador de desapariciones, asesinatos a sangre frÃa que tan solo en el primer mandato de Uribe llegan a los once mil casos, unos 62 mil exiliados y alrededor de cuatro millones de desplazados internos, que son el producto del intento de aplicar en todo el paÃs, lo realizado por Uribe en Urabá.
*Director de Radio Café Stereo
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